Filma Jalisco, filmar un país

¿Quién hace posible una película? La respuesta inmediata suele apuntar hacia los nombres visibles: directores, actores y, algunas veces, a los productores. Sin embargo, detrás de cada imagen proyectada en pantalla existe una red menos evidente (y con frecuencia ignorada) de condiciones materiales, institucionales y políticas que abren el camino para que una historia exista. En un país como México, donde la industria cinematográfica ha atravesado periodos de abandono y precariedad estructural, se hace cada vez más evidente la necesidad de hablar de aquellos aspectos menos evidentes que nos permiten ver una película en la pantalla grande.

Durante décadas, el cine mexicano ha dependido de esfuerzos fragmentados y de políticas culturales intermitentes. La producción audiovisual ha tenido que abrirse paso entre las limitaciones presupuestales y la falta de infraestructura. En nuestro contexto, los apoyos gubernamentales no solo representan un incentivo económico, sino que constituyen una apuesta por la existencia misma de la industria cinematográfica nacional.

Por eso, cuando hablamos de cine mexicano, es importante mencionar iniciativas como Filma Jalisco, un programa de fomento e incentivo a la producción audiovisual del estado mexicano de Jalisco. Esta comisión de filmaciones ha redefinido su papel en los últimos años, pasando de ser una oficina de gestión de permisos a convertirse en un agente activo en la industria. Como explica su director Alejandro Tavares en entrevista exclusiva para Fósforo UNAM, la transformación responde a una convicción clara: “Realmente creemos en la industria fílmica a nivel estatal”.

Este cambio de enfoque no es menor, pues plantea que el cine no se limita a la producción artística de obras, sino que abarca múltiples dimensiones: formación, empleo, infraestructura, circulación y representación. En el caso de Jalisco, esta visión se consolidó a partir de la aprobación de la Ley de Filmaciones del 2021 y, posteriormente, con la implementación de un esquema de incentivos que hoy distingue a ese estado a nivel nacional.

Actualmente Jalisco es el único estado que opera con un sistema de cash rebate, un mecanismo que reintegra parte del gasto realizado por las producciones en su territorio. “Somos, hasta la fecha, el único estado que opera esta política pública”, afirma Tavares. “A través de convocatorias evaluadas por un comité, los proyectos pueden acceder a un retorno del 40% en producción y 20% en servicios audiovisuales”, siempre que cumplan con ciertos criterios.

A través de esta convocatoria, el modelo jalisciense incorpora criterios que buscan incidir en la estructura misma de la industria: mayor participación de mujeres en puestos clave, inclusión de comunidades indígenas, integración de personas con discapacidad, priorización de equipos locales, así como la formación de estudiantes. Estas decisiones revelan una comprensión más amplia del cine como práctica colectiva a través de la construcción de condiciones para quienes hacen posible la filmación. En un sector caracterizado por la intermitencia laboral, los apoyos institucionales impactan directamente en una cadena de trabajo que incluye técnicos, proveedores, servicios de transporte, hospedaje y alimentación. “Por cada peso que nosotros damos de cash rebate, en derrama económica ganamos siete”, señala Tavares. Esta cifra evidencia la rentabilidad del modelo y permite entender al cine como una industria transversal, capaz de activar y dinamizar la economía local.

Esta dimensión económica ha sido, precisamente, uno de los argumentos centrales para replantear la política pública a nivel nacional. En febrero de 2026, el Gobierno federal anunció un nuevo esquema de incentivos fiscales para posicionar a México como un destino competitivo para la producción audiovisual. El programa contempla un crédito fiscal de hasta el 30% del gasto realizado en el país, con un tope de 40 millones de pesos por proyecto.

A diferencia de modelos anteriores, este incentivo no funciona como un subsidio directo, sino como un mecanismo fiscal que permite recuperar parte de la inversión. Además, exige que al menos el 70% del gasto se realice con proveedores nacionales, lo que busca fortalecer la industria local y generar empleos. El cine por fin comienza a ser entendido como un sector estratégico dentro de la economía mexicana.

La relación con el modelo jalisciense es evidente. “Estamos trabajando de la mano con ellos para que puedan ser compatibles con esos estímulos federales”, señala Tavares. La posibilidad de combinar incentivos estatales y nacionales no solo amplía las oportunidades para las producciones, sino que también apunta a la construcción de una política más integral.

No obstante, este nuevo esquema también plantea tensiones. Sus requisitos de inversión (que establecen presupuestos mínimos elevados) podrían favorecer a producciones de mayor escala, dejando en desventaja al cine independiente. Frente a ello, modelos como el de Filma Jalisco resultan relevantes al incorporar, de manera paralela, apoyos a la industria local. “Tenemos una línea específica para cortometrajes, documentales y óperas primas […] no solamente para la gran industria”, explica su director.

A este panorama se suma otro factor clave: la descentralización. Durante años, la Ciudad de México ha concentrado la mayor parte de la actividad cinematográfica del país. Frente a ello, Jalisco ha construido una estrategia que combina incentivos económicos, formación profesional y promoción territorial: “Es un parteaguas a nivel nacional”, afirma Tavares sobre el cash rebate, subrayando su papel en la atracción de producciones.

Las ventajas no son únicamente financieras. El estado ofrece una diversidad de locaciones, conectividad internacional y condiciones geográficas favorables. Lo más importante es que propone una estrategia activa para reapropiarse de los paisajes mexicanos. “Tenemos arquitectura americana, francesa, playas, modernidad […] no tenemos que inventar escenarios”, describe Tavares, enfatizando la capacidad del territorio para convertirse en escenario de múltiples historias.

Esta estrategia se vincula también con el llamado turismo de pantalla, una práctica que reconoce el impacto de las producciones audiovisuales en la proyección de los territorios. Mostrar al estado de Jalisco en el cine y la televisión es, además de una decisión creativa, una política deliberada que articula cultura y economía.

Sin embargo, el avance de estos modelos también evidencia las desigualdades existentes en el país. Muchas comisiones de filmación operan con recursos limitados. “Hay lugares donde la comisión fílmica es un funcionario que tiene otras tantas responsabilidades”, señala Tavares, apuntando a la falta de personal especializado en este sector en distintas regiones.

Este vacío da cuenta de las mejoras pendientes en la industria. Aunque las producciones suelen resolver la logística entre estados, la ausencia de políticas homogéneas limita el desarrollo de una red nacional. En este sentido, la expansión de incentivos, tanto estatales como federales, podría marcar un punto de inflexión.

Más allá de los números, lo que está en juego es la posibilidad de construir una industria sostenible. La formación de nuevos cineastas, la profesionalización de los equipos técnicos y la generación de redes laborales requieren continuidad y visión a largo plazo. “Queremos que haya más”, dice Tavares al referirse a las nuevas generaciones, evocando figuras como Guillermo del Toro no como excepción, sino como horizonte.

En ese tránsito, iniciativas como Filma Jalisco y el nuevo estímulo federal señalan un cambio de paradigma. El cine ya no se piensa únicamente como expresión cultural, sino también como un sector capaz de generar empleo, inversión y desarrollo: derrama económica. Y quizá, especialmente, como un espacio en el que se construyen las imágenes con las que un país se piensa a sí mismo.

Una película no se hace únicamente con talento creativo; se construye sobre una infraestructura que incluye leyes, incentivos e instituciones. Hacer cine en México sigue siendo un desafío, pero cada política pública, cada incentivo y cada apuesta institucional lo transforman en algo más cercano a una industria. Porque una película no empieza en el rodaje, sino mucho antes: en las condiciones que permiten su existencia.